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Juntos podemos salvar vidas

Los accidentes de tráfico son una de las primeras causas de muerte en la región, lo que significa 100,000 personas fallecidas en siniestros viales a lo que se suman más de cinco millones de heridos de diversa gravedad. Frente a ese panorama, los asistentes al IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) acordaron una hoja de ruta destinada a contribuir a buscar soluciones al problema.

Jorge Lazarte Conroy (*)

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de muertes por accidentes de tránsito en América Latina son entre 10 y 20 veces superiores a las registradas en otras regiones más industrializadas. Además, se estima que las pérdidas económicas derivadas de la siniestralidad viaria alcanzan en algunos países de la región hasta el 4,5% del PIB.

Según la OMS, si no se hace nada para frenar esta tendencia, las muertes anuales en siniestros viales en todo el mundo ascenderán a dos millones en 2030. Con ello, la virulencia de los accidentes de tráfico se situará al nivel de enfermedades como el Sida.

Al drama humano que suponen las cifras señaladas hay que sumar los costos de todo tipo que generan. Las autoridades mexicanas, por ejemplo, calculan que estas cifras alcanzan los 6,500 millones de euros al año.

Con el fin de revertir esta situación, el Gobierno de México está desarrollando la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI), un programa en el que colaboran el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los gobiernos de los Estados y el conjunto de la sociedad civil, ejemplo que podría ser bien imitado en otros países Latinoamericanos.

La propia OMS y Naciones Unidas (ONU) han tomado cartas en el asunto. Muestra de ello es la “Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, una iniciativa que promueve la puesta en marcha de medidas urgentes y efectivas para reducir al máximo los accidentes de tráfico y las muertes en carretera.

Siguiendo esta filosofía de trabajo, numerosas entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento han desarrollado iniciativas dirigidas a la mejora de la seguridad vial en la región. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó hace cinco años la Estrategia de Seguridad Vial y Plan de Acción 2010 -2015. Desde la puesta en marcha de estos programas, el panorama de la seguridad vial en la región de América Latina y el Caribe ha experimentado notables mejoras, si bien la labor que aún queda por hacer es ingente.

Consecuente con este nuevo espíritu, los Congresos Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) comenzaron a realizarse desde 2008. Esta novedosa apuesta a ser, pioneros en la región, con la intención de liderar un proceso de puesta en común de conocimientos y experiencias en torno a la seguridad vial en los países iberoamericanos.

Tras la exitosa experiencia obtenida en los cuatro CISEV organizados desde su inicio, se tiene el convencimiento de seguir organizando nuevo eventos en favor de la Seguridad Vial en la región.

El IV congreso se realizó en la ciudad de Cancún 30 de setiembre y 2 de octubre de 2014 sido un éxito que reafirma la convicción del IVIA por trabajar en favor de la Seguridad Vial, convencidos que en la presente década “Juntos podamos salvar vidas”.

En el IV CISEV se dieron cita expertos procedentes de todos los rincones del mundo que analizaron la situación actual en Latinoamérica buscando soluciones para reducir las estadísticas de accidentes.

En Cancún, se reconoció que se han producido avances en materia de seguridad vial en la Región desde el III Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial celebrado en Bogotá en 2012 en diversos ámbitos, destacando una mayor sensibilidad social y política ante esta realidad y la inclusión de la seguridad vial en las políticas gubernamentales.

Sin embargo, los cambios y mejoras acometidos no son suficientes para hacer frente a los ambiciosos retos establecidos y, a tenor de las cifras de siniestralidad actuales, los niveles de seguridad vial no alcanzan los estándares deseables para la mitad del Decenio y se puede predecir un fracaso por contener la epidemia que representan los fallecidos, lesionados y discapacitados como consecuencia del tránsito; los esfuerzos, por tanto, deben incrementarse de manera significativa y sostenible en el tiempo.

Los congresistas reclamaron un nuevo impulso al tratamiento de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cambio de ritmo que permita alcanzar las metas establecidas; cambio de ritmo que pasa por una implicación política, labor de liderazgo y coordinación, asignación de recursos humanos y económicos, redefinición de prioridades  y recopilación, difusión y aplicación de buenas prácticas en materia de seguridad vial.

Para ello, como aporte estratégico de la Declaración de Cancún, solicitaron a los responsables de la toma de decisiones en los países, a asumir este manifiesto como propio, permitiendo que sirva de guía en los próximos años para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas a lograr las metas del Decenio.

 

La Declaración de Cancún

Los asistentes al IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial dejaron establecido en la Declaración de Cancún que es necesario declarar a la seguridad vial como una política de Estado. Asimismo señalaron que es necesaria la promulgación de una Ley que permita la institucionalización real de la seguridad vial en los países que no la tengan, estableciendo entes responsables, programas de acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos y presupuestos.

Otra de las necesidades establecidas en la declaración es la creación de una agencia u organismo líder similar que regule la seguridad vial en los países, con recursos, competencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo político al más alto nivel.

La creación y el fortalecimiento de los sistemas de información de movilidad y seguridad vial, como indispensables para la toma de decisiones, con acceso público; la incorporación de las asociaciones de víctimas, organizaciones civiles y los medios de comunicación en las políticas de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación de la sociedad, son otros dos puntos mencionados en la Declaración de Cancún.

Los congresistas señalaron que es necesario el posicionamiento de la seguridad vial en el centro de las políticas de planificación, diseño, construcción, conservación y gestión de carreteras y vías urbanas

También es importante que los programas de Seguridad Vial  se especifiquen campañas para peatones y conductores.

 

Otros puntos

En la Declaración de Cancún también se asume como urgente los siguientes puntos:

·     Establecer los mecanismos que conduzcan a la profesionalización de una policía especializada en materia de tránsito dotada de la tecnología adecuada para el desempeño de su labor de vigilancia y control.

·     Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que asegure el cumplimiento de las normas mediante la ejecución efectiva de las sanciones.

·     Promover, desde la planificación, políticas para garantizar la movilidad segura de todos los usuarios, en particular de los más vulnerables, entre los que destacan los peatones y los ciclistas.

·     Adoptar la norma de  vehículos seguros de Naciones Unidas, para permitir mejorar la seguridad vehicular, involucrando a los fabricantes en el compromiso del máximo nivel de seguridad para todas las unidades de la Región, como en otras partes del mundo. 

·     Aplicar una política integral de movilidad segura para las motocicletas, considerando el creciente problema que supone su uso incontrolado.

·     Implantar sistemas seguros de transporte público.

·     Abordar el problema de la adecuación de la velocidad en las vías urbanas e interurbanas, estableciendo límites adecuados a las características y usos de las vías, así como a la composición del tránsito, y estableciendo procedimientos de control sistemático, preferiblemente con medios tecnológicos.

·     Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y drogas asociado a la conducción, generando marcos reguladores, procedimientos de control y sanción y políticas de educación y concienciación social, que se hayan demostrado exitosas.

·     Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del cinturón de seguridad entre los usuarios, para lo que es necesario establecer marcos normativos, asignar medios de control y difundir información y concienciación a los ciudadanos.

·     Adoptar y aplicar normativas para la generalización de los Sistemas de Retención Infantil en la región.

·     Promover la transferencia de conocimiento y buenas prácticas basadas en evidencias científicas entre los países de la comunidad de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con el CISEV junto con otras iniciativas, como máximo exponente de colaboración internacional.

·     Regular la obtención de los permisos de conducir, garantizando una formación y evaluación adecuada y su expedición por parte de una única entidad o de acuerdo a criterios y procedimientos homogéneos.

·     Implementar programas de formación adecuados a cada nivel de responsabilidad de los distintos actores de la seguridad vial, para la adecuada preparación de funcionarios públicos y privados.

Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial, como ejemplo de la generación de fuertes alianzas multisectoriales para la seguridad vial, reconociendo el alto potencial para desarrollar nuevos enfoques que maximizan el esfuerzo de colaboración.

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